El juez René Quezada del tribunal de Santa Cruz rechazó la acción de libertad interpuesta por el abogado Jorge Valda, quien permanece aprehendido en La Paz e imputado por el delito de alzamiento armado en grado de complicidad, según informó el ministro de Justicia, César Siles. El juez fundamentó su decisión en que la acción de libertad fue presentada de manera paralela al procedimiento ordinario que ya se encuentra en curso en la ciudad de La Paz, sugiriendo errores procesales en la solicitud de Valda.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo de forma virtual debido a su presentación en Santa Cruz, el juez Quezada argumentó que Valda ya había prestado su declaración y tenía programada su audiencia de medidas cautelares en La Paz. En este sentido, señaló que era ante el juez ordinario donde inicialmente debían plantearse las presuntas vulneraciones a sus derechos, reservando la vía constitucional para una etapa posterior y no de forma simultánea o alternativa al proceso principal.

La decisión del juez Quezada implica que la situación legal de Jorge Valda continuará siendo tratada en la jurisdicción de La Paz, donde se están llevando a cabo las investigaciones por el presunto alzamiento armado. Asimismo, el juez anunció que su fallo será elevado en consulta al Tribunal Constitucional, instancia que deberá revisar la correcta aplicación de la ley en la denegación de la tutela solicitada por la defensa del abogado.

Un detalle particular de la audiencia fue un corte en la transmisión de audio justo antes de que el juez Quezada emitiera su resolución, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso. A pesar de que la defensa solicitó la presencia física de Valda en la audiencia y su traslado desde La Paz a Santa Cruz, el juez procedió con la deliberación, argumentando que la acción de libertad fue presentada antes del traslado del abogado y que sus representantes legales estaban presentes.

Con la denegación de la tutela, Jorge Valda deberá continuar enfrentando el proceso legal en La Paz, donde se espera se defina su situación jurídica en la audiencia de medidas cautelares. La elevación del caso al Tribunal Constitucional abrirá un nuevo capítulo en este proceso, que ha generado controversia y atención pública desde la aprehensión del abogado tras su vinculación en un documental gubernamental con un supuesto intento de golpe de Estado.