Por orden judicial, Karen Moreno Justiniano, quien se desempeñaba como subalcaldesa de la Villa Primero de Mayo, fue enviada a la cárcel de Palmasola. La medida cautelar se dictó tras su imputación como una de las principales funcionarias presuntamente involucradas en una negociación ilícita para reducir impuestos de bienes inmuebles y vehículos a favor de ciertos contribuyentes, a cambio de recibir beneficios económicos personales. La investigación de este caso de corrupción ha revelado testimonios que salpican a figuras cercanas al alcalde Johnny Fernández.

Durante las pesquisas llevadas a cabo por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía Anticorrupción, varios funcionarios implicados en la trama delictiva prestaron su declaración en calidad de testigos. En sus testimonios, estos funcionarios revelaron que el concejal Miguel Fernández y la senadora Paola Fernández, ambos hijos del alcalde Johnny Fernández, habrían ejercido influencia para brindar protección a los servidores públicos involucrados en los actos de corrupción, con el presunto objetivo de eximirlos de posibles responsabilidades penales derivadas de la investigación.

La investigación se activó el 18 de febrero a raíz de una denuncia presentada por Reynaldo Arratia Parada, representante de la empresa Bony S.R.L., contra funcionarios de la quinta municipal por los delitos de manipulación informática, uso indebido de influencias y concusión. Tras la acumulación de pruebas testificales, documentales y periciales, el fiscal anticorrupción Gustavo Adolfo Ríos imputó formalmente a la subalcaldesa Karen Moreno Justiniano y a otros funcionarios por los mencionados delitos, solicitando y obteniendo su detención preventiva en el penal de Palmasola por un plazo de 100 días.

La Fiscalía fundamentó ante la jueza anticorrupción y violencia Vivian Balcázar Melgar que Karen Moreno y otros funcionarios se reunieron en la Quinta Municipal para acordar la reducción de los montos a pagar por impuestos de 12 inmuebles y cuatro vehículos pertenecientes a la empresa Bony S.R.L., estableciendo cifras entre 90.000 y 125.000 bolivianos. Además, se presentaron informes de la Felcc y la Fiscalía que evidenciarían que la subalcaldesa poseía información sobre los movimientos de los investigadores, utilizándola para solicitar la intervención del concejal Miguel Fernández y la senadora Paola Fernández con el fin de evitar sanciones penales, acción que fue considerada como obstrucción a la justicia.

Las declaraciones de testigos clave han aportado detalles incriminatorios. La funcionaria Rosselly Velásquez Peña testificó haber entregado dinero a Karen Moreno para facilitar los trámites irregulares, mencionando la influencia del concejal Miguel Fernández. Por su parte, Yolanda Cueto Justiniano declaró haber tenido conocimiento de pagos realizados y de comentarios sobre la presunta participación de Miguel Fernández y el esposo de la senadora Paola Fernández en la recepción de dinero, lo que habría generado un ambiente hostil hacia los abogados de la empresa denunciante. Pese a las solicitudes de EL DEBER, ni Miguel Fernández ni Paola Fernández emitieron declaraciones al respecto.