El cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez José René Quezada, que conminaba al Ministerio de Gobierno a trasladar al abogado Jorge Valda desde La Paz a Santa Cruz para una audiencia de acción de libertad de carácter presencial, no se concretó. Así lo denunció este sábado Christian Tejada, uno de los abogados defensores de Valda, quien acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de “desconocimiento de una resolución judicial de Santa Cruz”.

Ante el incumplimiento de la orden judicial, la defensa de Jorge Valda no descarta iniciar acciones legales penales contra el ministro Del Castillo por desobediencia a resoluciones judiciales. Tejada afirmó que se notificó formalmente al ministro para que realizara el traslado del abogado, quien fue aprehendido en Santa Cruz y llevado a La Paz por su presunta implicación en la toma militar del 26 de junio de 2024 en Plaza Murillo.

La respuesta del ministro Del Castillo no se hizo esperar. Durante la noche del viernes, el titular de Gobierno aseguró públicamente no haber recibido ninguna notificación judicial que ordenara el traslado de persona alguna hacia el departamento de Santa Cruz. Esta declaración contradice la versión del abogado Tejada, quien insistió en que la notificación se realizó de manera legal, incluso a través del número de celular personal del ministro.

La controversia en torno al traslado de Valda se suma a la decisión tomada este sábado en La Paz por el juez Eddy Junior Flores, quien determinó la “libertad pura y simple” del abogado al no encontrar elementos que demostraran riesgos procesales de fuga u obstaculización. A pesar de esta resolución, la defensa de Valda buscaba su presencia física en la audiencia de acción de libertad en Santa Cruz, lo que finalmente no se materializó por el presunto desacato a la orden judicial.

Este cruce de acusaciones entre la defensa de Jorge Valda y el ministro de Gobierno añade un nuevo capítulo a la compleja situación legal del abogado, quien se encuentra en el centro de una investigación por los hechos de junio de 2024. La posible acción penal contra el ministro por desobediencia judicial podría generar aún más tensión en este caso que ha captado la atención de la opinión pública.