Productores agrícolas del municipio de San Pedro, ubicado en la provincia Obispo Santistevan, han alzado su voz para denunciar la instalación de un retén ilegal en un camino vecinal que fue construido hace más de tres décadas por los propios agricultores de la zona. El punto de control, que comenzó a operar el pasado 4 de abril, fue establecido por grupos que se autoidentifican como “interculturales” provenientes de San Pedro y San Julián, quienes también estarían detrás del reciente avasallamiento del predio Santagro, según las denuncias de los productores afectados.

Este retén ilegal se encuentra ubicado estratégicamente en la intersección de los predios Santagro, San Rafael y Hacienda Isabela, operando sin la autorización de ninguna autoridad competente. Las personas que controlan el paso en este punto exigen a quienes transitan por el lugar la presentación de sus cédulas de identidad, datos de sus vehículos, así como información sobre su origen y destino. Esta acción constituye una clara usurpación de las funciones que corresponden a la Policía Boliviana, la Aduana Nacional y otras instituciones estatales encargadas del control y la seguridad en el territorio nacional.

La instalación de este retén arbitrario está generando graves perjuicios a una vasta extensión de más de 70.000 hectáreas productivas, afectando directamente a predios agrícolas como San Cayetano, San Rafael, Canaan, San Gabriel, La Moneda, Río Verde, La Luna, San Fernando y a numerosas comunidades campesinas afiliadas a la Federación Única de Campesinos. Los productores han manifestado su profunda preocupación, advirtiendo que esta situación vulnera derechos constitucionales fundamentales como la libre locomoción, el derecho al trabajo y la seguridad jurídica en la región.

Ante esta situación alarmante, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha tomado cartas en el asunto y ha enviado denuncias formales tanto al alcalde Municipal de San Pedro como al Comando Departamental de la Policía. En estas misivas, Anapo exige la intervención inmediata de las autoridades competentes para desmantelar el retén ilegal y llevar a cabo el procesamiento de los responsables materiales e intelectuales de esta acción que atenta contra la actividad productiva y la seguridad en la zona.

Anapo ha enfatizado que la existencia de este retén contraviene de manera explícita el artículo 76, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, que prohíbe la instalación de retenes o puestos de control de cualquier naturaleza por grupos particulares en el territorio boliviano. La asociación reitera su llamado urgente a las autoridades gubernamentales correspondientes para que restablezcan el orden, garanticen la libre circulación de personas y mercancías, y protejan el trabajo de los productores que se ven impedidos de ingresar y salir libremente de sus predios, asegurando la certidumbre jurídica para los agricultores de oleaginosas de Santa Cruz.